Y es en esa etapa de entrega es que el Gobierno se ha atrasado. Desde el cierre de la inscripción del Plan de Regularización, el 17 de junio, el Gobierno tendría “45 días prorrogables” para dar respuesta a los extranjeros que se inscribieron. Esos 45 días se cumplieron el pasado 2 de agosto sin que el Estado otorgara los documentos que muestran el estatus legal de quienes calificaron en el Plan.
Interior y Policía está ahora inmerso en la entrega de estos documentos, sin que todavía pueda ofrecer fechas de cuándo finalizará este proceso. El viceministro de Interior y Policía, Washington González, aseguró el pasado martes que ese proceso de entrega terminaría en dos semanas. Pero dos días después de sus declaraciones, en una entrevista al programa de televisión Enfoque Matinal de CDN, González dejó claro que eso no será posible. “Ojalá podamos entregarlos (los documentos) en dos semanas. Porque no es solo la logística de trabajo. Es la cantidad que representa”, señaló.
Los registros de Interior y Policía a raíz de este Plan arrojaron que la mayor cantidad de inmigrantes están concentrados en Santo Domingo, Santiago, Higüey, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís y Valverde. Y en Santo Domingo y Santiago la entrega promedio por día es de 800 a mil documentos y de 600 a 900, respectivamente. De acuerdo con González, una vez se termine la entrega de los documentos se rendirá un informe al presidente Medina sobre los resultados y entonces comenzarán con las deportaciones.
Un acuerdo secreto con la OEA
Para el diputado Vinicio Castillo Semán, el Gobierno no ha iniciado las deportaciones porque mantiene un “acuerdo secreto” con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional, que deja en evidencia que el Estado dominicano ha cedido a presiones.
“Todos los centros de acogida están preparados y tienen lector de huellas dactilares de los que se acogieron en el Plan. Por lo tanto, ninguna persona que se haya inscrito tiene ningún riesgo de ser repatriada conforme a las huellas que fueron capturadas”, argumentó el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP).
El legislador también adelantó que la próxima semana iniciará “acciones de carácter judicial” para obligar al Estado a ejercer las repatriaciones no voluntarias. “Es que las deportaciones son una obligación legal. Esto no es un favor ni una situación que dependa de la voluntad o no del presidente Danilo Medina, es una obligación constitucional”, manifestó Castillo Semán.
Migración se está preparando
Aunque no ha dado fecha del inicio de las deportaciones y poco ha querido hablar del tema, la Dirección General de Migración tiene más de un mes entrenando a su recurso humano. “Semanalmente hacemos entrenamiento con todo nuestro personal y las Fuerzas Armadas para que vayan familiarizándose en caso de que inicien las deportaciones”, explicó recientemente el director de esa cartera, Rubén Darío Paulino Sem.
Los adiestramientos dirigidos a los inspectores de Migración implican todo el proceso de las repatriaciones, desde la identificación del extranjero en las calles hasta su traslado a la frontera o aeropuertos.
El entrenamiento a su personal fue la última información que ha salido de Migración cuando se toca el tema de las deportaciones. “No tenemos información por el momento. No hay nada nuevo que informar”, comentaron ayer desde esa Dirección, al momento de cuestionar cómo andaban los preparativos para las deportaciones.
“Estamos siendo totalmente invadidos”
En este año grupos que promueven la soberanía de forma más radical han salido a las calles para exigir que inicien las deportaciones. El movimiento cívico Los Hijos de Duarte es una de esas agrupaciones. “Estamos siendo totalmente invadidos… Y el Gobierno tiene que evitar que el pueblo decida tomar la riendas de esa situación”, dijo la presidenta de este movimiento, Gladys Féliz Pimentel. De acuerdo con ella, el presidente Danilo Medina con sus medidas parece estar gobernando para los vecinos haitianos. “Los indocumentados deben irse. Si están legales se queden y no hay problema. Ahora, nosotros no podemos mantener a un millón y pico de haitianos en el país, sin saber cómo se llama y dónde vive”, manifestó Féliz Pimentel.
