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Más de 90 personas mueren cada día en Estados Unidos como consecuencia del uso de armas de fuego, de acuerdo con cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de ese país.
La violencia armada es un flagelo que distingue a la primera potencia mundial del resto de los estados ricos del mundo.
Según un estudio de la Universidad de Nevada-Reno, la tasa de homicidios con armas de fuego en EE.UU. equivale a 25 veces la registrada en otros 22 países de altos ingresos del mundo.
Este problema, sin embargo, puede ser minimizado de forma sensible con la adopción de tres medidas que permitirían, al menos en teoría, reducir hasta en 90% la cifra de muertes por armas de fuego, según una investigación publicada por la revista científica The Lancet.
El estudio indaga sobre la aplicación a través de la legislación estadal de 25 tipos de normas distintas sobre el control de armas y, a partir de un análisis de los datos, valora la efectividad de esas reglas y proyecta sus posibles resultados en caso de que fueran adoptadas como leyes federales.
Medidas que funcionan
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La investigación "Legislación sobre armas de fuego y mortalidad por armas de fuego en Estados Unidos" fue realizada por académicos de las universidades de Boston, de Columbia y de Berna.
El estudio encontró que nueve de las leyes estudiadas se relacionan con una probable reducción de las muertes causadas por armas de fuego.
Entre estas se incluyen las que obligan a contar con un permiso estadal para la venta de armas, a denunciar su robo o pérdida; a mantener el historial de las ventas de estos objetos; a exigir que los compradores tengan formación sobre su uso seguro; o a la participación de los cuerpos de seguridad en la emisión de permisos.
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Según el estudio hay tres normas concretas cuya aplicación aparece fuertemente asociada con la reducción de la mortalidad por armas de fuego: la exigencia de un estudio de antecedentes para la venta de armas; la aplicación de un estudio de antecedentes para la venta de municiones y el establecimiento de un registro que permita identificar cada arma.
Según las proyecciones del trabajo, si las autoridades federales aplicaran estas tres reglas la cifra de muertes por armas de fuego podría reducirse de 10,35 a 0,16 por cada 100.000 habitantes.
Cabe aclarar que se trata de proyecciones matemáticas y que los propios investigadores señalan que, aún en el caso de que se aplicaran las tres normas, esperarían que "la caída de la mortalidad sea un resultado a largo plazo que puede tomar años antes de producirse".
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En un comentario vinculado al artículo en The Lancet, David Hemenway, profesor de la Universidad de Harvard, señala las limitaciones de la investigación y pone en duda que la aplicación de estas medidas pueda realmente llevar a una reducción tan drástica de las muertes por arma de fuego.
Sin embargo, Hemenway apunta que se trata de un estudio en la dirección correcta para recopilar evidencia científica sobre el tipo de políticas que podrían ser más efectivas en la reducción de la violencia armada en Estados Unidos.
Polémica política
La inclusión de estas tres normas en una legislación federal no es una tarea fácil.
Estados Unidos cuenta desde 1993 con la Ley Brady, que exige la revisión de antecedentes de cualquier persona que quiera adquirir un arma de fuego. Sin embargo, esta norma deja gran cantidad de excepciones que le restan eficacia.
Para intentar tapar esos baches legales, muchos estados han promulgado restricciones adicionales.
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El presidente Barack Obama, por su parte, ha hecho reiterados e infructuosos llamados al Congreso, controlado por el partido Republicano, para que apruebe unas normas más estrictas en este ámbito.
En 2015, en una entrevista con la BBC, el mandatario dijo que el no poder avanzar en el control de las armas ha sido "la gran frustración" de su presidencia.
Normas contraproducentes
Mientras algunos estados han intentado endurecer el control sobre las armas, otros han buscado hacer más fácil este proceso.
Según el estudio publicado por The Lancet, los investigadores identificaron nueve leyes asociadas al aumento del riesgo de muertes por uso de armas de fuego.
Entre estas se incluye, por ejemplo, la norma que establece que si transcurren tres días desde la solicitud de la compra de un arma y no ha habido aún resultados de la revisión de antecedentes se debe permitir la venta.
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También se incluye la venta durante exposiciones y ferias de armas, en las cuales no se requiere la revisión de antecedentes.
Sin embargo, según el estudio, las normas que más se relacionan con el aumento de las muertes por armas de fuego son las llamadas leyes de defensa de la propia posición ("stand your ground"), que permiten a una persona hacer uso de la fuerza mortal en su propia defensa –sin intentar retirarse– cuando percibe la existencia de una amenaza razonable.
Los investigadores concluyeron que las leyes que pretenden evitar el acceso de los niños a armas de fuego son ineficaces y, en algunos casos, contraproducentes.
Un ejemplo de ello son algunas normas que obligan a que las armas cargadas tengan el seguro puesto.
Según los investigadores hay una relación entre estas normas y un aumento en la probabilidad de que las armas sean dejadas por sus dueños en lugares no seguros, en aquellos estados en los que hay menor regulación de las armas.
