SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Segundo Tribunal
Colegiado de la Cámara Penal de la provincia Santo Domingo dictó dos años de
prisión contra un exfuncionario de la Dirección General de Impuestos Internos
(DGII), que fue acusado de incurrir en los delitos de desfalco y tráfico de
influencias o cohecho.
La condena fue en contra del exauditor de esa entidad, José Natanael De La Cruz Sánchez, quien fue sentenciado a dos años de prisión luego que fuera hallado culpable de violar los artículos 2 y 167 del Código Penal Dominicano.
La magistrada Laura Guerrero Pelletier, titular de la PEPCA, resaltó que con las pruebas aportadas por el Ministerio Público se demostró más allá de toda duda razonable la culpabilidad de dicho funcionario público, quien ostentaba en el momento de la comisión de los hechos su calidad de funcionario de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la administración local de Los Minas.
De La Cruz Sánchez fue procesado por prevaricación, tráfico de influencias y delitos de corrupción, afectando a una contribuyente y a la Dirección Nacional de Impuestos Internos.
Dicho funcionario público exigía altas sumas de dinero a cambio de la evasión de los impuestos correspondientes, llegando hasta exigir montos ascendentes a 1 millón 200 mil pesos.
La condena fue en contra del exauditor de esa entidad, José Natanael De La Cruz Sánchez, quien fue sentenciado a dos años de prisión luego que fuera hallado culpable de violar los artículos 2 y 167 del Código Penal Dominicano.
La magistrada Laura Guerrero Pelletier, titular de la PEPCA, resaltó que con las pruebas aportadas por el Ministerio Público se demostró más allá de toda duda razonable la culpabilidad de dicho funcionario público, quien ostentaba en el momento de la comisión de los hechos su calidad de funcionario de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la administración local de Los Minas.
De La Cruz Sánchez fue procesado por prevaricación, tráfico de influencias y delitos de corrupción, afectando a una contribuyente y a la Dirección Nacional de Impuestos Internos.
Dicho funcionario público exigía altas sumas de dinero a cambio de la evasión de los impuestos correspondientes, llegando hasta exigir montos ascendentes a 1 millón 200 mil pesos.