El Procurador General de la
República, Jean Rodríguez, reveló este jueves detalles del acuerdo firmado con
la empresa brasileña Odebrecht, en virtud de los sobornos que la empresa
brasileña admitió haber pagado en República Dominicana, ante autoridades
judiciales de Estados Unidos, Brasil y Suiza.
Rodríguez explicó que, “tal y como
se había anunciado al país el 20 de enero del año en curso, Odebrecht se
comprometió al pago indemnizatorio de 184 millones de dólares, el doble de la
suma de 92 millones de dólares que la empresa admitió haber pagado como sobornos
en el país, cantidad que fue negociada tomando como referencia la Ley 448-06
sobre Soborno en el Comercio y la Inversión”.
Señaló que, según el acuerdo,
“dicho monto será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante
pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono
de 30 millones de dólares, desembolsado a la firma del acuerdo el pasado
miércoles. En adición, la República Dominicana gozará de un derecho de prelación
o privilegio en el cobro de la indemnización sobre los demás países afectados
por sobornos, a excepción de Estados Unidos, Brasil y Suiza”.
Destacó que, “aparte de Brasil, la
República Dominicana se destaca como el único país latinoamericano que, a la
fecha, ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos
reconocidos, además de ser el único que recibirá la totalidad de la
indemnización pactada en un plazo de 8 años, a diferencia de los plazos de más
de 20 años negociados por Brasil, Colombia, Panamá y Perú”.
Cooperación de Odebrecht
fortalecerá la investigación
El Procurador resaltó una vez más
que la firma del acuerdo económico no detendrá las investigaciones. “Seguiremos
trabajando sin descanso y hasta las últimas consecuencias para identificar a
quienes aceptaron dádivas en perjuicio del Estado y toda la sociedad, caiga
quien caiga. A esos fines, hemos garantizado el fortalecimiento de la
investigación local a través de una cláusula de cooperación en el acuerdo, que
obliga a Odebrecht a robustecer la potencial acusación del Ministerio Público”,
puntualizó.
En efecto, dijo, “como condición
para obtener los beneficios del convenio, Odebrecht se comprometió a
proporcionar al Ministerio Público toda la información que le sea requerida,
especialmente la delación premiada sobre las operaciones de Odebrecht en el país
ofrecida ante el Ministerio Público Federal de Brasil, a raíz de la cual
resultarán identificadas personas, obras y la estructura financiera empleada en
la movilización de los fondos destinados a sobornos, entre otras informaciones
que permitirán al Ministerio Público dominicano continuar con su investigación y
someter a la justicia a quienes hayan violado la ley”.
Manifestó además que, “estas
informaciones serán suministradas una vez sea homologado y librado de
confidencialidad el Acuerdo de Lenidad suscrito por Odebrecht con las
autoridades brasileñas, con la aprobación de las autoridades de los Estados
Unidos, de conformidad con el Acuerdo de Lenidad firmado por Odebrecht con esta
última nación”.
Agregó también que, “el contenido
de este acuerdo está protegido en su totalidad por la confidencialidad
establecida en el artículo 290 del Código Procesal Penal Dominicano”.
“Nuestro objetivo es identificar a
cada uno de los que se beneficiaron de esta estructura criminal en el país y
procesarlos para que sientan todo el peso de la ley. Por eso, este acuerdo
apenas es el comienzo de los esfuerzos que se están realizando desde la
Procuraduría para aclarar el entramado de corrupción creado por Odebrecht en el
país”, indicó el Procurador.
Alcance del
acuerdo
Como contrapartida de la
compensación y colaboración jurídica de Odebrecht, en respeto a los acuerdos
internacionales, el principio de non bis in ídem y la economía
procesal, y una vez satisfechas las condiciones del acuerdo, la empresa y sus
empleados directos continuarán siendo procesados en la jurisdicción brasileña,
donde su principal funcionario, Marcelo Odebrecht, se encuentra cumpliendo una
condena de 19 años de prisión.
Al igual que en Brasil, Estados
Unidos y Suiza, el acuerdo beneficiará únicamente a Odebrecht y sus empleados
directos. Quedan completamente fuera del alcance del convenio y podrán ser
objeto de persecución penal todas las sociedades que no sean parte del grupo
económico de Odebrecht, así como también los representantes comerciales,
comisionistas, agentes, intermediarios, empresarios, funcionarios públicos y
demás terceros involucrados en los hechos admitidos por la constructora
brasileña.
Operaciones de Odebrecht
en el país
Siguiendo los
estándares y mejores prácticas internacionales en materia de gobierno
corporativo ycompliance penal, el Ministerio Público ha exigido a
Odebrecht aplicar en la filial dominicana de la compañía las mismas medidas de
fortalecimiento de la ética, gobierno corporativo, integridad y
transparencia pactadas en el Acuerdo de Lenidad firmado con
Brasil, Estados Unidos y Suiza, países donde también se le permitirá operar de
manera condicionada. Estas acciones deberán ejecutarse en un plazo de 24 meses y
los avances en la implementación deberán ser reportados al Ministerio Público
mediante reportes semestrales.
Como consecuencia de este
compromiso, el Ministerio Público solicitará el levantamiento de las medidas
cautelares que había solicitado contra la empresa, incluyendo la solicitud de
inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones
Públicas.
Base legal
La legalidad del acuerdo firmado
con Odebrecht se fundamenta en el Artículo 2 del Código Procesal Penal, el cual
establece que el proceso penal tiene carácter de medida extrema de la política
criminal, por lo que el Ministerio Público tiene la posibilidad de utilizar
medidas alternativas para restaurar el orden social fuera de la judicialización
del caso.
Igualmente, el Artículo 370.6 de
la misma norma permite al Ministerio Público aplicar criterios de oportunidad en
casos de naturaleza compleja, como el presente, cuando los imputados colaboran
eficazmente con la investigación, brindan información esencial, ayudan a
esclarecer los hechos o proporcionan información útil para comprobar la
participación de otros imputados.