Se cumplieron cien días de protestas en contra del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En estos tres meses, el volumen de manifestantes se redujo, pero se mantuvieron focos violentos que causaron un centenar de muertes.
En medio de las tensiones y el clima de inestabilidad política, el beneficio de casa por cárcel que se le otorgó a uno de los llamados “presos políticos”, dio un giro de tuerca inesperado, que ha sido interpretado por algunos analistas como una posibilidad de diálogo y negociación.
Cien días atrás
El 31 de marzo, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, le informó al país que había ocurrido una “ruptura del hilo constitucional”. Luego de diez años en ese cargo, estas declaraciones conmocionaron al país.
Ortega Díaz se refería a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que asumía las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que se mantiene en “desacato” y cuyas acciones fueron declaradas nulas a partir de ese momento, reseña la emisora ‘Alba Ciudad’.
Tras ese pronunciamiento, los organizadores de las protestas intensificaron sus acciones “para respaldar la destitución de los magistrados del TSJ”, según ‘El Nacional’. En ese contexto han muerto violentamente 107 personas, según listas que manejan los medios locales.
El Gobierno responsabiliza a los factores opositores de causar muertes de civiles y militares con armas de fuego o de fabricación casera, quema y linchamientos de supuestos chavistas y uso de niños en acciones violentas.
De igual manera, se han hecho cierres de las principales vías de tránsito, ataques contra centros de salud, de acopio de alimentos y medicinas, sedes de organismos públicos, asedio a personal diplomático en el exterior, uso de bombas con excrementos contra las fuerzas de seguridad, entre otras.
En estos cien días, la oposición ha repetido que los cuerpos de seguridad del Estado, encargados de contención de manifestaciones, “reprimen brutalmente” a la población civil.
Según cifras publicadas en los medios, del centenar de fallecidos, nueve han sido por causa de acciones prohibidas hechas por funcionarios de seguridad, de los cuales 34 se encuentran procesados o solicitados.
A través de las redes sociales, dirigentes han llamado a protestas para pedir la “destitución de los magistrados del TSJ”, “la libertad de los ‘presos políticos’” y “elecciones generales adelantadas”, no previstas en el calendario electoral.
Frente a estas demandas, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros se elegirán el 30 de julio, como una salida pacífica ante la crisis política que vive Venezuela. Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que los comicios para votar por gobernadores se llevarán a cabo el 10 de diciembre de este año.
La más reciente acción para generar un clima de acuerdo y diálogo, la realizó el TSJ, que concedió arresto domiciliario a Leopoldo López, político de la derecha acusado de dirigir las protestas de febrero 2014 que ocasionaron la muerte de 43 personas, quien cumple ahora una pena de 13 años y nueve meses de prisión.
Una vez conocida la noticia, los partidos políticos de la oposición manifestaron su acuerdo con la medida, pero afirmaron que mantendrían sus “acciones de lucha” que según encuestas, son rechazadas por 85% de la población, reseña ‘Telesur’.
¿Barco a la deriva?
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a un plebiscito, no contemplado en la Constitución para hacer una consulta nacional sobre la Asamblea Nacional Constituyente.
Su ex secretario general, Jesús Torrealba, manifestó que los opositores no cuenta con los medios logísticos ni tecnológicos para tal consulta y que actividades como los “plantones” y “trancazos”, donde se cortan las vías en impide el libre tránsito, no llevan a ninguna parte.
Además se refirió al “clima de tranquilidad necesario” para que los participantes se sientan motivados a participar en el plebiscito.
“Si hay conflicto, si hay violencia, si hay muertos, si hay conmoción, no va a haber gente en las colas (para votar)”, dijo en una entrevista radial difundida en las redes sociales.
Por su parte, el economista y asesor político de la oposición, Luis Vicente León, considera que en la derecha existe una “división intrínseca” y que hay falta de liderazgo.
“¿Cómo va a salir la gente en los barrios asumiendo un riesgo personal si no tiene a alguien de quien se enamore?”, se pregunta ante la poca convocatoria que han tenido las protestas en las zonas populares de Venezuela, recoge ‘Prodavinci’.
En su opinión, la medida de arresto domiciliario a López es un “oportunidad para abrir las puertas a una negociación”, a pesar de que la derecha venezolana solo plantee como posibilidad la “salida de Maduro”.
La oposición, en su punto de vista, “actúa con sobreexpectativas, como si ya hubiera ganado, y siente que cualquier cosa que se le entregue a Maduro y el chavismo es una traición”.
En medio de las tensiones y el clima de inestabilidad política, el beneficio de casa por cárcel que se le otorgó a uno de los llamados “presos políticos”, dio un giro de tuerca inesperado, que ha sido interpretado por algunos analistas como una posibilidad de diálogo y negociación.
Cien días atrás
El 31 de marzo, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, le informó al país que había ocurrido una “ruptura del hilo constitucional”. Luego de diez años en ese cargo, estas declaraciones conmocionaron al país.
Ortega Díaz se refería a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que asumía las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que se mantiene en “desacato” y cuyas acciones fueron declaradas nulas a partir de ese momento, reseña la emisora ‘Alba Ciudad’.
Tras ese pronunciamiento, los organizadores de las protestas intensificaron sus acciones “para respaldar la destitución de los magistrados del TSJ”, según ‘El Nacional’. En ese contexto han muerto violentamente 107 personas, según listas que manejan los medios locales.
El Gobierno responsabiliza a los factores opositores de causar muertes de civiles y militares con armas de fuego o de fabricación casera, quema y linchamientos de supuestos chavistas y uso de niños en acciones violentas.
De igual manera, se han hecho cierres de las principales vías de tránsito, ataques contra centros de salud, de acopio de alimentos y medicinas, sedes de organismos públicos, asedio a personal diplomático en el exterior, uso de bombas con excrementos contra las fuerzas de seguridad, entre otras.
En estos cien días, la oposición ha repetido que los cuerpos de seguridad del Estado, encargados de contención de manifestaciones, “reprimen brutalmente” a la población civil.
Según cifras publicadas en los medios, del centenar de fallecidos, nueve han sido por causa de acciones prohibidas hechas por funcionarios de seguridad, de los cuales 34 se encuentran procesados o solicitados.
A través de las redes sociales, dirigentes han llamado a protestas para pedir la “destitución de los magistrados del TSJ”, “la libertad de los ‘presos políticos’” y “elecciones generales adelantadas”, no previstas en el calendario electoral.
Frente a estas demandas, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros se elegirán el 30 de julio, como una salida pacífica ante la crisis política que vive Venezuela. Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que los comicios para votar por gobernadores se llevarán a cabo el 10 de diciembre de este año.
La más reciente acción para generar un clima de acuerdo y diálogo, la realizó el TSJ, que concedió arresto domiciliario a Leopoldo López, político de la derecha acusado de dirigir las protestas de febrero 2014 que ocasionaron la muerte de 43 personas, quien cumple ahora una pena de 13 años y nueve meses de prisión.
Una vez conocida la noticia, los partidos políticos de la oposición manifestaron su acuerdo con la medida, pero afirmaron que mantendrían sus “acciones de lucha” que según encuestas, son rechazadas por 85% de la población, reseña ‘Telesur’.
¿Barco a la deriva?
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a un plebiscito, no contemplado en la Constitución para hacer una consulta nacional sobre la Asamblea Nacional Constituyente.
Su ex secretario general, Jesús Torrealba, manifestó que los opositores no cuenta con los medios logísticos ni tecnológicos para tal consulta y que actividades como los “plantones” y “trancazos”, donde se cortan las vías en impide el libre tránsito, no llevan a ninguna parte.
Además se refirió al “clima de tranquilidad necesario” para que los participantes se sientan motivados a participar en el plebiscito.
“Si hay conflicto, si hay violencia, si hay muertos, si hay conmoción, no va a haber gente en las colas (para votar)”, dijo en una entrevista radial difundida en las redes sociales.
Por su parte, el economista y asesor político de la oposición, Luis Vicente León, considera que en la derecha existe una “división intrínseca” y que hay falta de liderazgo.
“¿Cómo va a salir la gente en los barrios asumiendo un riesgo personal si no tiene a alguien de quien se enamore?”, se pregunta ante la poca convocatoria que han tenido las protestas en las zonas populares de Venezuela, recoge ‘Prodavinci’.
En su opinión, la medida de arresto domiciliario a López es un “oportunidad para abrir las puertas a una negociación”, a pesar de que la derecha venezolana solo plantee como posibilidad la “salida de Maduro”.
La oposición, en su punto de vista, “actúa con sobreexpectativas, como si ya hubiera ganado, y siente que cualquier cosa que se le entregue a Maduro y el chavismo es una traición”.
