La Fundación Transparencia y Democracia saludó el acuerdo entre el Ministerio
Público y la firma constructora brasileña Odebrecht, por entender que “se ajusta
a los preceptos de la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión”.En
un documento que firma su presidente, César Manuel Matos Díaz, la entidad señala
que dicha legislación “en todo caso privilegia el pago de multas ascendentes al
duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas”.
Sostiene que “el Código Procesal Penal confiere al Ministerio Público la capacidad para hacer acuerdos con los imputados, plenos si la pena a imponer por los hechos fuese menor de cinco años y parciales si fueren mayor de este lapso”.
Indica que ya en Estados Unidos y Suiza se han hecho acuerdos similares mediante los cuales se suspenderán en dichos países todos los procesos abiertos contra las firmas Odebrecht y Braskem, ya que se trata de “infracciones meramente pecuniarias y el espíritu de la ley persigue despojar a los infractores de los beneficios que pudieren haber recibido”.
Matos Díaz sostuvo que en el caso Odebrecht, la Procuraduría General de la República ha observado las disposiciones del proceso penal dominicano al pie de la letra, lo que explica por qué no ha hecho públicas la totalidad de las pesquisas que realiza, haciendo uso de la reserva, contemplada en el artículo 291 del Código Procesal Penal.
Agrega que “la libertad que ha exhibido la Procuraduría General de la República en el presente caso, es una muestra de la independencia del Ministerio Público en la República Dominicana, ya que están siendo investigados funcionarios del Gobierno y altos dirigentes del partido oficialista”. Según la Procuraduría General, el acuerdo con Odebrecht implica que esta pagará en ocho años al Estado dominicano 184 millones de dólares como resarcimiento económico por los sobornos que confesó haber pagado en la República Dominicana.
Sostiene que “el Código Procesal Penal confiere al Ministerio Público la capacidad para hacer acuerdos con los imputados, plenos si la pena a imponer por los hechos fuese menor de cinco años y parciales si fueren mayor de este lapso”.
Indica que ya en Estados Unidos y Suiza se han hecho acuerdos similares mediante los cuales se suspenderán en dichos países todos los procesos abiertos contra las firmas Odebrecht y Braskem, ya que se trata de “infracciones meramente pecuniarias y el espíritu de la ley persigue despojar a los infractores de los beneficios que pudieren haber recibido”.
Matos Díaz sostuvo que en el caso Odebrecht, la Procuraduría General de la República ha observado las disposiciones del proceso penal dominicano al pie de la letra, lo que explica por qué no ha hecho públicas la totalidad de las pesquisas que realiza, haciendo uso de la reserva, contemplada en el artículo 291 del Código Procesal Penal.
Agrega que “la libertad que ha exhibido la Procuraduría General de la República en el presente caso, es una muestra de la independencia del Ministerio Público en la República Dominicana, ya que están siendo investigados funcionarios del Gobierno y altos dirigentes del partido oficialista”. Según la Procuraduría General, el acuerdo con Odebrecht implica que esta pagará en ocho años al Estado dominicano 184 millones de dólares como resarcimiento económico por los sobornos que confesó haber pagado en la República Dominicana.
